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El País

Alerta en las provincias por la reforma laboral: estiman una pérdida de $1,9 billones en coparticipación

Un informe advierte que los cambios impulsados por el Gobierno nacional reducirían de manera significativa los recursos que reciben las provincias. Santiago del Estero figura entre las más afectadas con 75 mil millones.

La reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con dictamen favorable en el Senado, generó preocupación en las provincias ante el fuerte impacto que tendría sobre los fondos coparticipables. De acuerdo con un estudio reciente, la iniciativa implicaría una reducción aproximada de $1,9 billones en recursos que se distribuyen entre las 24 jurisdicciones del país.

El informe fue elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), gremio que representa a trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y fue difundido por el diario Perfil. Allí se señala que el proyecto oficial contiene una “reforma tributaria encubierta”, basada en la baja de contribuciones patronales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y modificaciones en impuestos que actualmente integran la masa coparticipable.

Según la normativa vigente, el 59% de esos recursos corresponde a las provincias, por lo que cualquier reducción impacta de forma directa en sus finanzas. En ese marco, Buenos Aires sería la jurisdicción más perjudicada, con una pérdida estimada en más de $397 mil millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos.

En el caso de Santiago del Estero, el informe calcula una caída cercana a los $74.700 millones, ubicándola entre las diez provincias que sufrirían mayor recorte de fondos si la reforma avanza sin cambios.

Desde el Gobierno nacional minimizan el efecto fiscal y sostienen que la medida debe interpretarse como una inversión para fomentar la formalización del empleo. No obstante, sectores de la oposición y especialistas en finanzas públicas cuestionan ese argumento.

El diputado nacional Jorge Capitanich advirtió que el impacto real podría ser aún mayor, con pérdidas que oscilarían entre $1,7 y $4,6 billones, y alertó que el FAL podría desfinanciar el sistema jubilatorio. Además, sostuvo que las modificaciones propuestas podrían derivar en más desempleo y un debilitamiento del esquema de protección social, afectando seriamente a las economías provinciales.

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