Este martes comienza en Río Gallegos, Santa Cruz, el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las mayores tragedias navales del país, que el 15 de noviembre de 2017 terminó con la vida de sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur.
En el banquillo se sentarán cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, acusados de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
Los imputados son el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.
El debate se extenderá durante varias semanas y se desarrollará con audiencias alternadas hasta julio, de lunes a jueves en semanas intercaladas. Durante ese período se expondrán peritajes, pruebas documentales y testimonios para establecer si existieron fallas operativas, de mantenimiento o de conducción que hayan contribuido al desenlace fatal.
La sede del juicio fue motivo de controversia. En octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso debía realizarse en Río Gallegos. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que proponían trasladarlo a Mar del Plata o a Comodoro Py, al sostener que el hecho ocurrió en alta mar y que, ante la incertidumbre sobre el lugar exacto de comisión del delito, correspondía mantener la intervención del tribunal de origen.
Los magistrados remarcaron que modificar la jurisdicción solo hubiera implicado nuevas demoras en una causa que lleva años de espera. Subrayaron la necesidad de brindar una respuesta judicial tanto a los imputados como a los familiares de las víctimas y a la sociedad.
El proceso se inicia sin responsables políticos en el estrado. La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos fallecidos. La investigación había surgido tras el hallazgo de documentación en la delegación de la AFI en Mar del Plata, pero las instancias judiciales concluyeron que las tareas realizadas se enmarcaban en funciones de seguridad presidencial y no constituyeron espionaje ilícito.
Tampoco fue citado como testigo ningún integrante del gobierno de entonces.
A casi nueve años del hundimiento, el juicio buscará arrojar luz sobre lo ocurrido aquella mañana de noviembre de 2017, cuando una explosión en las baterías del submarino marcó el inicio de una tragedia que conmocionó al país y aún reclama justicia.
