La Asociación del Fútbol Argentino y la Inspección General de Justicia (IGJ) atraviesan un fuerte cruce institucional luego de que el organismo de control solicitara al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores para acceder a documentación contable y financiera que, según indicó, no fue entregada tras reiterados requerimientos.
Ante esta situación, la entidad madre del fútbol argentino publicó un comunicado institucional firmado por su presidente, Claudio Tapia, en el que rechaza de manera contundente la medida. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, sostiene uno de los siete puntos del documento titulado “Nuestra respuesta”.
Desde la IGJ argumentan que detectaron “graves irregularidades” en el funcionamiento de la institución, lo que motivó la Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo. Sin embargo, desde la AFA remarcan que la disposición “no implica sanción ni intervención” y la califican como una “medida preparatoria” destinada a evaluar si corresponde adoptar otras acciones.
En uno de los apartados más críticos, la conducción de la entidad plantea lo que considera una contradicción: “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se fundamenta en ‘graves irregularidades’?”, cuestionan, al tiempo que sostienen que, de existir faltas de tal magnitud, el organismo debería aplicar directamente penalidades previstas por la ley.
El comunicado también aborda el reciente cambio de domicilio legal de la AFA a la provincia de Buenos Aires. La institución defiende la validez de la inscripción en Pilar y afirma que fue aprobada por la autoridad provincial competente, en respuesta a las objeciones de la IGJ respecto de la sede administrativa.
Además, la dirigencia de la casa madre del fútbol argentino señala que detrás del pedido existiría un “trasfondo político”, vinculado —según su postura— a un intento de impulsar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En ese sentido, aseguran que la medida busca debilitar institucionalmente a la AFA por su defensa histórica del esquema de clubes como asociaciones civiles.
En el tramo final del escrito, la entidad envía un mensaje “al fútbol argentino y al pueblo”, donde afirma que el deporte no será “cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales”. Asimismo, interpela directamente al titular de la IGJ al sostener que la veeduría responde más a una disputa política que a una cuestión técnica, y anticipa que cualquier decisión será sometida al control judicial correspondiente.
