Este martes las calles y plazas de todo el país vuelven a ser escenario de una masiva movilización. La cuarta Marcha Federal Universitaria agrupa a estudiantes, docentes, no docentes y rectores con un objetivo unificado y urgente: exigirle al gobierno de Javier Milei que cumpla de una vez por todas con la Ley de Financiamiento Universitario.
Para entender el malestar que hoy paraliza a más de sesenta casas de estudio públicas —incluida la movilización local en Santiago del Estero—, es necesario mirar qué está pasando con los fondos. Aunque el Congreso ratificó la ley y rechazó el veto presidencial, el Ejecutivo mantiene pisadas las partidas presupuestarias argumentando la defensa del equilibrio fiscal y apoyándose en la judicialización del conflicto.
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Qué exige la ley que hoy defienden en la calle
El reclamo central de las columnas que marchan hacia las plazas apunta a que el Estado garantice dos puntos básicos que contempla la normativa vigente para evitar el colapso operativo:
Que las facultades puedan pagar la luz y funcionar: La ley obliga a actualizar los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y áreas de ciencia aplicando la inflación acumulada de 2023 y 2024, sumado a un ajuste bimestral automático por el IPC del INDEC.
Sueldos dignos para quienes enseñan: Exige recomponer los salarios de docentes y empleados administrativos que quedaron fuertemente desfasados desde diciembre de 2023, y atarlos a aumentos mensuales según la inflación oficial.
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Los números del ajuste que explican la bronca
La masividad de la convocatoria responde a un deterioro veloz en los bolsillos y en las aulas. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias reales del Estado a las universidades cayeron un 45,6% desde 2023, licuando el alcance de las becas y frenando insumos básicos.
El impacto salarial es el motor principal de la protesta de hoy. Datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reflejan que el presupuesto global para la educación superior proyectado para este año expone un ahogo histórico: "En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 41,6% respecto de 2023", señalan los informes técnicos.
Frente a la negativa de Economía a liberar los fondos y mientras la Corte Suprema define el fondo del asunto legal, la comunidad educativa decidió que la única vía para defender el futuro de las facultades es volver a manifestarse de forma contundente en la vía pública.
