Referentes institucionales de Tierra del Fuego salieron a desmentir las acusaciones que motivaron la intervención del Gobierno nacional en el puerto de Ushuaia y calificaron la medida como “infundada y carente de sustento jurídico”. Según afirmaron, no existió desvío de fondos ni utilización ilegítima de recursos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
De acuerdo a lo explicado, el único movimiento financiero realizado fue un préstamo del puerto a la provincia, el cual fue planteado como una inversión rentable, ya que el Gobierno provincial se comprometió a devolver el monto con intereses. En ese sentido, remarcaron que no hubo perjuicio económico ni maniobras irregulares.
Respecto a la acusación de malversación de fondos, indicaron que no existe ninguna denuncia penal ni investigaciones en curso por compras irregulares. Asimismo, aseguraron que la agencia del puerto nunca citó casos de adquisiciones sobrevaluadas ni de bienes innecesarios, y sostuvieron que la administración se manejó bajo criterios de transparencia.
También rechazaron los cuestionamientos vinculados a la seguridad operativa, al considerar que carecen de coherencia. Como argumento, señalaron que actualmente la Agencia Nacional continúa operando el puerto con el mismo personal que ya se desempeñaba en el lugar, lo que —según indicaron— confirma que la operatoria siempre fue segura y profesional.
Finalmente, desde el ámbito local afirmaron que la intervención “no cuenta con argumentos firmes” y denunciaron que se trata de una decisión política para tomar control de un recurso que, aseguran, fue gestionado con éxito por los fueguinos. En ese marco, reclamaron la pronta intervención de la Justicia para que se resuelva la situación y se respete la autonomía del puerto, tal como lo establece la Constitución Nacional.
