Pedro Troglio y su esposa, Alejandra Alonso, presentaron una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta contra los responsables de ABES Desarrolladora de Negocios SRL, una firma dedicada a emprendimientos inmobiliarios. Según consta en la presentación judicial, la pareja fue inducida a invertir sus ahorros en fideicomisos que prometían departamentos “en pozo”, obras avanzadas y rentas mensuales garantizadas, compromisos que jamás se cumplieron.
La denuncia apunta contra Diego Lacki, señalado como la cara visible de la empresa; Macarena Núñez, socia gerente; y Juan Ignacio Eulloque, apoderado de la firma. De acuerdo al escrito, los acusados habrían captado inversores con información falsa sobre el estado de las obras y plazos de entrega irreales, mientras las construcciones permanecían prácticamente paralizadas.
El primer caso se remonta a marzo de 2024, cuando Alonso ingresó al fideicomiso “ABES Dezzeo”, en la ciudad de La Plata, por un departamento valuado en más de 64.000 dólares. La obra se encontraba parcialmente construida y se prometía su finalización en 2025, además del pago de una renta mensual durante la ejecución. Sin embargo, el avance fue mínimo, los pagos se interrumpieron y con el correr de los meses la construcción quedó detenida, sin rendiciones claras sobre el destino del dinero ni información sobre los restantes inversores.
La segunda inversión, considerada aún más grave por los denunciantes, fue en el fideicomiso “ABES Lucero”, por casi 94.000 dólares. Según la presentación judicial, Lacki habría mostrado imágenes y supuestos avances de obra que luego resultaron ser falsos y presionado para cerrar la operación de manera inmediata, aprovechando que Troglio se encontraba en el exterior por su actividad profesional.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la modalidad de pago: gran parte del dinero, sostienen, fue transferido a cuentas en el exterior vinculadas personalmente a Lacki y no a cuentas propias de los fideicomisos. Para Troglio y su esposa, esto demostraría que los fondos no fueron destinados a las obras, sino apropiados de forma indebida. Poco después de concretadas las operaciones, aseguran, las construcciones quedaron paralizadas y la renta prometida dejó de abonarse.
La presentación judicial sostiene que los responsables de ABES continuaron captando inversores aun sabiendo que las obras no podían finalizarse y que la empresa se encontraba en una situación cercana a la cesación de pagos. Además, se menciona la existencia de sociedades y cuentas offshore que complicarían el rastreo del dinero, en un esquema que habría afectado a más de 100 personas.
Qué pidió Troglio ante la Justicia
Ante este escenario, el entrenador de Banfield solicitó allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a la desarrolladora, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y técnicos sobre el estado real de las obras, la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para los denunciados. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta y cuál fue el destino final de los fondos invertidos.