Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, para que se investigue una presunta irregularidad vinculada a la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
La presentación fue remitida para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal el 16 de febrero de 2026 a las 13:55, según consta en el escrito titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”. Los denunciantes solicitaron que se analice la supuesta omisión de publicación en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017.
El planteo se centra en la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE), dictada el 19 de enero de 2026 por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, mediante la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
No obstante, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que al 15 de febrero de 2026 no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso, lo que —según sostienen— afectaría un requisito “clave” de transparencia.
En el apartado jurídico, encuadraron los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265). Además, mencionaron que el tema tomó estado público tras publicaciones periodísticas, entre ellas de la Noticias Argentinas.
La denuncia también introdujo un antecedente: señalaron que en 2024 habría estado vigente otro contrato entre las mismas partes y pidieron verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo previsto por el decreto y si esa actualización fue debidamente publicada.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, sostuvo que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y afirmó que, ante la existencia de un vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN.
Ahora será la Justicia federal la que deberá analizar la presentación y determinar si corresponde impulsar la investigación.
