A un mes de la muerte de Ángel López, el caso sumó un nuevo giro judicial tras la presentación de una denuncia penal contra una profesional del sistema de protección de derechos en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La acusación apunta contra una psicóloga que integraba el Servicio de Protección de Derechos (SPD), a quien se le atribuye un presunto accionar negligente en el seguimiento del caso del menor.
Según la presentación, firmada por el abogado del padre de la víctima, se investigan posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, irregularidades en informes técnicos y abandono de persona seguido de muerte.
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El planteo sostiene que habría existido una deficiente intervención profesional en el proceso de revinculación familiar y en la evaluación del entorno del niño, lo que podría haber influido en el desenlace fatal.
Además de la investigación penal, se solicitaron medidas urgentes, entre ellas la suspensión preventiva de la profesional y la prohibición de salida del país mientras avanza la causa.
También se requirió el secuestro de documentación vinculada a su actividad laboral y la designación de peritos independientes para auditar su desempeño.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar la denuncia y definir si avanza con las medidas solicitadas en un caso que reabre el debate sobre el rol de los organismos de protección infantil.
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