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El País

Denunciaron a Carolina Losada por su proyecto sobre falsas denuncias en casos de violencia de género

Referentes de Derechos Humanos, especialistas y exfuncionarios judiciales presentaron una denuncia federal contra la senadora radical, al considerar que su iniciativa podría generar intimidación hacia profesionales.

Un grupo de referentes en Derechos Humanos, profesionales de distintas disciplinas y figuras del ámbito judicial presentó una denuncia en la Justicia Federal contra la senadora nacional Carolina Losada por su proyecto de ley que propone endurecer penas vinculadas a falsas denuncias y falsos testimonios en causas de violencia de género, abuso sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes.

La presentación judicial sostiene que la iniciativa podría convertirse en una herramienta de coacción e intimidación hacia profesionales de la salud mental, operadores judiciales y víctimas, al desalentar la denuncia de hechos graves por temor a posibles sanciones.

Entre los impulsores de la denuncia figuran el exjuez federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la investigadora Dora Barrancos, junto a numerosas personalidades vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos.

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Según el planteo presentado, el proyecto carecería de sustento estadístico suficiente, ya que informes recientes señalan que las falsas denuncias representan una proporción mínima dentro del total de causas penales registradas en el país.

De acuerdo a datos relevados por organismos especializados, las investigaciones por denuncias falsas constituyen apenas un porcentaje marginal respecto del universo total de expedientes judiciales, lo que para los denunciantes debilitaría el argumento central de la propuesta legislativa.

Además, remarcaron que la mayoría de los casos detectados de denuncias falsas no están relacionados con violencia de género ni abuso intrafamiliar, sino con otro tipo de conflictos, como disputas patrimoniales o laborales.

La denuncia incluye acusaciones por presunta coacción, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y apología del crimen, mientras el debate en torno a la iniciativa continúa generando fuertes repercusiones en distintos sectores políticos, judiciales y sociales.

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