La edad de imputabilidad penal volvió al centro del debate público en Argentina luego de que el Gobierno incluyera la reforma del Régimen Penal Juvenil dentro del temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso previstas para febrero de 2026.
La discusión gira en torno a una pregunta clave: desde qué edad una persona puede ser considerada penalmente responsable por un delito. El tema no solo implica fijar un número, sino también redefinir cómo el Estado aborda los delitos cometidos por adolescentes.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no son penalmente imputables. Esto significa que no pueden ser juzgados ni condenados dentro del sistema penal, aunque sí pueden aplicarse medidas de protección a través de regímenes especiales. En el caso de jóvenes de 16 y 17 años, pueden ser imputados, pero bajo un sistema diferenciado que contempla limitaciones según la gravedad del delito.
El proyecto que será debatido propone un cambio profundo. La iniciativa oficial plantea que el nuevo régimen alcance a adolescentes de entre 13 y 18 años, lo que implicaría bajar la edad mínima desde los actuales 16 años. Sin embargo, dentro del Congreso existen posturas diversas: algunos sectores proponen fijarla en 14 años, mientras que otros plantean posiciones más restrictivas.
La reforma no se limita únicamente a reducir la edad. También propone un sistema integral de responsabilidad penal juvenil que combine sanciones con herramientas educativas, de reinserción social y acompañamiento profesional.
Entre los puntos centrales, se establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos en lugares de detención y que cualquier privación de libertad deberá realizarse en institutos especializados o sectores separados, con personal capacitado y enfoque formativo.
Además, se prohíbe la prisión perpetua para menores y se fija un máximo de 20 años de privación de libertad incluso en los delitos más graves. También se contempla la posibilidad de sustituir parcialmente la pena tras cumplir dos tercios de la condena, bajo control judicial y evaluaciones técnicas.
El regreso del debate también está vinculado a la agenda legislativa enfocada en seguridad y justicia, además del impacto social que generan algunos delitos cometidos por menores. No obstante, especialistas advierten que las respuestas únicamente punitivas no resuelven las causas estructurales del problema.
A nivel regional e internacional, la edad de imputabilidad varía. En Uruguay es de 13 años, en Paraguay 14, mientras que en algunos estados de México puede ser de 12 años. En Europa, países como España e Italia la fijan en 14 años, y Francia en 13.
El debate político y social se mantiene dividido. Quienes apoyan la baja sostienen que el sistema actual quedó desactualizado frente a la realidad delictiva. En cambio, los sectores críticos remarcan que la solución debe incluir políticas sociales, educativas y de inclusión, además del respeto a los derechos de los menores.
Más allá de la decisión final del Congreso, el consenso general apunta a que cualquier reforma deberá equilibrar seguridad, justicia y protección de derechos, además de garantizar recursos suficientes para su correcta aplicación.
