La crisis en el sector de la discapacidad alcanzó un punto de quiebre. Raúl Woites, presidente del centro de día Cedime de Ezeiza, confirmó que al menos 50 instituciones ya cerraron sus puertas en los últimos meses debido a que el Gobierno nacional no transfiere los fondos correspondientes desde noviembre. La situación se agrava con deudas pendientes de las provincias que datan de 2024.
El panorama es desolador para los centros que aún resisten. Woites describió que muchas instituciones dependen de donaciones de comida para alimentar a los pacientes y aplican suspensiones de actividades dos veces por semana para abaratar costos operativos. Los equipos profesionales trabajan sin cobrar sus salarios completos, pero la falta de financiamiento hace que la continuidad del servicio sea insostenible.
El proyecto de ley contra las pensiones
En este contexto de asfixia financiera, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto "Contra el fraude de pensiones por invalidez". La normativa modifica la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares. Aquellos que no acrediten nuevamente su condición médica y situación socioeconómica sufrirán la suspensión automática y posterior baja del beneficio.
La propuesta legislativa introduce mecanismos de fiscalización severos. El Estado realizará cruces de datos con ARCA y ANSES, permitiendo la suspensión "preventiva" de la pensión ante cualquier caso que el organismo considere dudoso. Además, el proyecto elimina la posibilidad de otorgar aumentos adicionales por invalidez laboral o por residencia en zonas geográficas desfavorables.
Incompatibilidad con el trabajo formal
Uno de los puntos más regresivos del texto oficial es la declaración de "incompatibilidad absoluta" entre la percepción de una pensión y el empleo registrado. De aprobarse esta ley, cualquier persona con discapacidad que acceda a un trabajo formal o se inscriba en regímenes laborales perderá su beneficio económico de forma inmediata.
A su vez, la reforma desregula la distribución de fondos y autoriza convenios directos entre Nación y las provincias, lo que elimina el nomenclador nacional y deja la negociación de los aranceles a merced de las obras sociales y prepagas. Con estas medidas, el Gobierno busca reducir el gasto público a costa de los derechos de integración y autonomía de las personas con discapacidad.
