Al límite del plazo previsto por la normativa, el Poder Ejecutivo remitió este jueves al Congreso el DNU 941/2025, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. La norma ingresó formalmente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ahora dispone de diez días hábiles para analizarla y emitir dictamen.
Si la comisión no se pronuncia dentro de ese período, tanto la Cámara de Diputados como el Senado quedarán habilitados para tratar el decreto directamente en el recinto. En ese escenario, la oposición ya comenzó a negociar apoyos para intentar bloquear la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Las conversaciones están encabezadas por los bloques de Unión por la Patria, conducidos por Germán Martínez en Diputados y José Mayans en el Senado. En la Cámara baja, a los 93 legisladores del espacio podrían sumarse el Frente de Izquierda, sectores del interbloque Unidos, la Coalición Cívica y diputados de monobloques provinciales, lo que permitiría alcanzar una mayoría para rechazar la medida, siempre que se logre el quórum de 129 presentes.
En el Senado, el peronismo parte de una base de 28 bancas y busca sumar voluntades de la UCR y de bloques provinciales para llegar a los 37 votos necesarios que permitan invalidar el decreto. En ese marco, la postura de senadores de Córdoba, Corrientes y Santa Cruz aparece como clave para definir el resultado.
El Congreso, cabe recordar, no puede modificar el contenido de un DNU: solo puede aprobarlo o rechazarlo. Para que pierda vigencia, es indispensable que ambas cámaras lo rechacen; si eso no ocurre, el decreto queda firme por aprobación tácita.
La Comisión Bicameral, integrada por 16 legisladores, aún debe formalizar su conformación para este período. En los últimos días se cursaron notificaciones a las autoridades del Congreso para avanzar en ese proceso, que podría concretarse la próxima semana.
En cuanto al contenido, el DNU establece que todas las actividades vinculadas a la inteligencia nacional tendrán carácter encubierto, amplía la definición de tareas de inteligencia y contrainteligencia y habilita acciones destinadas a prevenir infiltraciones, espionaje, sabotajes e injerencias externas que afecten el funcionamiento del sistema republicano.
Desde la SIDE defendieron la medida y aseguraron que el decreto refuerza la protección del Estado, delimita competencias, reduce la estructura del organismo y fortalece los controles, en línea —según afirmaron— con estándares democráticos y republicanos. Mientras tanto, el debate político ya se trasladó al Congreso, donde el futuro del DNU comienza a jugarse voto a voto.
