El Gobierno nacional obtuvo compromisos económicos por un monto cercano a los US$ 700 millones como resultado del proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén. La apertura de los sobres con las propuestas económicas confirmó que tres de los cuatro complejos ya tienen adjudicatarios definidos, mientras que uno de ellos deberá pasar por una instancia de mejora de ofertas antes de su asignación final.
Los complejos incluidos en el proceso son Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados / Planicie Banderita, todos considerados pilares del sistema energético argentino por su aporte al abastecimiento eléctrico. En conjunto, estas centrales representan entre el 10% y el 15% de la generación hidroeléctrica nacional, lo que convierte su operación en un factor determinante para la estabilidad del suministro eléctrico.
Según el esquema de privatización, las empresas adjudicatarias tomarán el control de las sociedades operadoras mediante la adquisición de la mayoría accionaria. Deberán garantizar una administración técnica eficiente, cumplir con los estándares ambientales vigentes y ejecutar inversiones para asegurar el mantenimiento y modernización de las instalaciones, muchas de ellas construidas hace varias décadas.
Además del ingreso inicial por la compra, el Gobierno espera que el traspaso favorezca la llegada de capitales privados destinados a la mejora de equipos, la optimización del flujo hidráulico, la incorporación de nuevas tecnologías de control y la reducción de costos operativos. En los pliegos también se establecen obligaciones vinculadas a la seguridad estructural de las presas y al monitoreo permanente de los caudales, fundamentales en una región donde los embalses cumplen funciones energéticas, ambientales y de regulación hídrica.
El complejo Cerros Colorados quedó momentáneamente sin adjudicación directa, ya que las ofertas recibidas habilitaron una etapa de mejora competitiva. Una vez finalizada, se definirá al operador privado que tomará el control del sistema que incluye la central Planicie Banderita, una de las más importantes del norte neuquino.
El Gobierno considera que este proceso forma parte de una estrategia más amplia de reorganización del sector energético, orientada a generar mayor previsibilidad, atraer inversiones y reforzar las reservas del Estado mediante ingresos extraordinarios en un contexto de necesidad de financiamiento. La expectativa oficial es que la participación privada contribuya a optimizar recursos, reducir costos y potenciar el desarrollo energético en una zona clave para el país.
Al mismo tiempo, se prevé que las nuevas concesiones deberán articular con las provincias involucradas, que mantienen un rol esencial en la administración del recurso hídrico y en el control del cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Con este paso, el Gobierno avanza en una de las privatizaciones más relevantes del año, tanto por su impacto económico como por sus implicancias para el sistema energético nacional y la infraestructura estratégica del país.
