La reciente liberación y regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, generó un nuevo foco de tensión política. Lo que en principio fue recibido como una noticia de alivio humanitario derivó en un enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Desde la Casa Rosada cuestionaron que la gestión para lograr la liberación no haya sido encabezada exclusivamente por los canales diplomáticos oficiales, sino que incluyera una intervención directa de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. En ese contexto, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de avanzar judicialmente contra el dirigente bajo figuras penales como “traición a la patria”, “sedición” y “usurpación de funciones públicas”.
El malestar oficial radica en que la Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro desde agosto de 2024, por lo que consideran que cualquier negociación en ese ámbito corresponde exclusivamente al Estado. En ese sentido, sostienen que la AFA habría actuado como un “estado paralelo” al entablar contactos a través de vínculos con la Federación Venezolana de Fútbol y la CONMEBOL.
En el entorno presidencial interpretan que la intervención del organismo deportivo le permitió obtener visibilidad pública en medio de diversas investigaciones judiciales que involucran a su dirigencia. Además, deslizaron interrogantes sobre los criterios aplicados en la gestión, al señalar que otro ciudadano argentino continúa detenido en Venezuela.
Por su parte, desde la AFA destacaron que se trató de una gestión humanitaria realizada mediante contactos institucionales del ámbito deportivo sudamericano, con el único objetivo de lograr el regreso del gendarme.
Mientras tanto, el Gobierno recibió a Gallo en el aeropuerto de Ezeiza con presencia de funcionarios nacionales, buscando marcar su participación en el desenlace. Aunque el presidente Javier Milei relativizó públicamente el rol de la AFA, puertas adentro el equipo legal del Ejecutivo analiza los pasos a seguir ante lo que consideran una intromisión en facultades propias del Estado.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, con posibles derivaciones judiciales e institucionales en los próximos días.
