El Gobierno nacional profundiza su política de reducción del Estado y puso nuevamente en el centro del debate a los medios públicos. En ese marco, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la TV Pública cambiará de nombre como parte de un proceso de reestructuración integral, con el objetivo de romper con lo que definió como una “identidad ideológica del pasado”.
Según explicó el funcionario, la intención original de avanzar hacia una privatización directa del canal no pudo concretarse debido a limitaciones legales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) establece que cualquier modificación de ese alcance debe contar con aprobación del Congreso, lo que actúa como un freno para el Ejecutivo.
Frente a ese escenario, el Gobierno optó por avanzar con un ajuste interno orientado a reducir gastos y achicar la estructura operativa de Radio y Televisión Argentina (RTA), cuya intervención fue prorrogada hasta febrero de 2027.
Entre las principales medidas ya implementadas o en marcha se destacan:
Reducción de personal: un programa de retiros voluntarios apunta a disminuir la planta en alrededor de 500 trabajadores.
Cambios en la programación: se dieron de baja producciones propias y los noticieros de los fines de semana.
Contenidos de bajo costo: la grilla actual se apoya mayormente en repeticiones y formatos económicos.
Desde los sindicatos del sector —SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo— manifestaron un fuerte rechazo al rumbo adoptado. Denuncian que los salarios permanecen congelados desde agosto de 2024, situación que dejó a numerosos empleados con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Para los gremios, el anuncio del cambio de nombre representa solo un gesto simbólico que encubre un proceso de vaciamiento, y advierten que el ajuste pone en riesgo el rol federal de los medios públicos, incluyendo a Radio Nacional y su red de más de 50 emisoras en todo el país.
