El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto conocido como Súper RIGI y aseguró que la iniciativa busca captar inversiones destinadas a sectores industriales y tecnológicos que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.
Durante su exposición ante legisladores, el funcionario explicó que el nuevo régimen apunta a promover proyectos de largo plazo vinculados a áreas estratégicas como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio e infraestructura tecnológica.
Según sostuvo, el objetivo es avanzar hacia una etapa de industrialización de los recursos naturales y dejar atrás un modelo centrado únicamente en la extracción.
“El Súper RIGI apunta a proyectos que hoy no existen en la Argentina”, afirmó González, quien remarcó que el impacto esperado no será inmediato, sino orientado al crecimiento futuro de nuevas industrias.
El funcionario también destacó los resultados obtenidos por el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que superó ampliamente las expectativas iniciales del Gobierno.
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De acuerdo con los datos presentados, hasta el momento se registraron 39 proyectos, cuando originalmente se esperaba recibir entre seis y ocho iniciativas. Además, indicó que las inversiones proyectadas alcanzarían los USD 138.000 millones, con un potencial de generación de unos 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
En materia exportadora, el secretario señaló que los proyectos podrían representar ingresos anuales por alrededor de USD 41.000 millones.
Pese a ese balance positivo, González rechazó extender el esquema vigente y sostuvo que el RIGI fue diseñado como una herramienta excepcional y temporal.
“El próximo paso es evolucionar hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, expresó.
Durante la presentación, el funcionario detalló que la mayoría de los proyectos actuales corresponden a minería, petróleo y gas, aunque también existen iniciativas vinculadas al sector eléctrico, manufacturero y logístico.
Respecto al nuevo esquema, explicó que solo podrán acceder proyectos completamente nuevos y quedarán excluidas las ampliaciones de emprendimientos ya existentes, así como los proyectos puramente extractivos.
El texto enviado al Congreso establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones y exige que las empresas ejecuten al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años.
Además, prevé beneficios tributarios, entre ellos una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, medida que González justificó señalando que se trata del límite permitido por normas internacionales vinculadas a la OCDE.
