El Estado nacional anunció que una Ferrari F430 modelo 2006, incautada durante una investigación judicial contra una red dedicada al narcotráfico, saldrá a remate en una subasta oficial. El vehículo había quedado bajo custodia del organismo a cargo de administrar los bienes secuestrados en causas federales, que ahora dispuso su venta para recuperar fondos y destinarlos a programas públicos.
La Ferrari, de color rojo y con 16.855 kilómetros declarados, se encuentra en buen estado general y conserva las características originales del modelo, lo que la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y entusiastas de los autos deportivos. Este modelo, equipado con un motor V8 de 4.3 litros y 490 caballos de fuerza, puede superar los 310 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4 segundos, atributos que la posicionaron como uno de los íconos de la marca en la década de 2000.
La entidad responsable del procedimiento estableció una base de 182.277 dólares, y para participar se aplicarán incrementos mínimos de 5.000 dólares por oferta. La modalidad será exclusivamente virtual, y la subasta se llevará a cabo el 3 de febrero de 2026. Los interesados deberán registrarse previamente en el sitio oficial, presentar la documentación requerida y realizar un depósito de garantía para habilitar su participación.
Además de competir por el valor del vehículo, el comprador final tendrá que asumir los gastos de transferencia, verificación técnica y otros trámites administrativos habituales para autos de alta gama. Desde el organismo remarcan que este tipo de subastas busca transformar bienes vinculados a actividades criminales en recursos útiles para el Estado y promover la transparencia en el manejo del patrimonio recuperado.
La Ferrari F430 no es el único vehículo de lujo bajo análisis para futuras subastas, ya que en los últimos años las autoridades han incautado autos, motos y embarcaciones pertenecientes a organizaciones delictivas, muchos de los cuales están en proceso de evaluación para ser puestos a la venta. Con este remate, el Estado apunta a continuar fortaleciendo su política de reutilización y recuperación de activos provenientes del delito.
