En una jornada legislativa intensa, el oficialismo consiguió en el Senado la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares (26.639). La iniciativa obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora continuará su debate en particular antes de pasar a la Cámara de Diputados.
La sesión se desarrolló luego de que la Cámara alta ratificara el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y aprobara además la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y el bloque europeo. Con ese escenario favorable, el Gobierno logró reunir los apoyos necesarios para avanzar con uno de los proyectos clave de su agenda.
El texto aprobado en general propone modificaciones sustanciales al régimen vigente desde 2010, que protege tanto los glaciares como los ambientes periglaciares. Entre los principales cambios, se introduce el concepto de “formas periglaciares” y se establece una diferenciación entre aquellas que cumplen una función hídrica estratégica y las que no, habilitando en estas últimas la posibilidad de desarrollar actividades productivas.
De esta manera, la prohibición absoluta quedaría limitada a los glaciares y a las formaciones que actúen como reservas de agua comprobadas, mientras que en otras zonas podrían autorizarse proyectos vinculados a la minería o a los hidrocarburos, bajo determinadas condiciones.
El proyecto también contempla la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que estará a cargo del IANIGLA bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, con el objetivo de identificar y clasificar las áreas protegidas según su valor ambiental.
La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo con gobernadores de provincias cordilleranas, que reclaman mayor flexibilidad para atraer inversiones. Sin embargo, generó fuertes críticas de sectores de la oposición, que cuestionaron la metodología de trabajo y la falta de difusión del texto final antes de la votación en particular.
Desde el kirchnerismo y otros bloques advirtieron que las modificaciones fueron introducidas sobre el cierre de las negociaciones, lo que —según señalaron— dificulta un análisis profundo del articulado. También expresaron su rechazo organizaciones ambientalistas y referentes de la Iglesia, que manifestaron preocupación por el posible impacto sobre los recursos hídricos.
Con la media sanción en el Senado, la reforma deberá ahora ser debatida en Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa en torno al equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.
