Desde este miércoles comenzó a regir en la provincia una nueva legislación que cambia el enfoque frente a los episodios de acoso en el ámbito educativo. La Ley 9.682 establece que los padres o tutores legales asumirán responsabilidad directa cuando los hechos de hostigamiento sean protagonizados por menores de edad.
La norma exige un rol activo en la supervisión, orientación y contención de los chicos, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia dentro de las escuelas. En caso de que las familias sean notificadas formalmente por las autoridades escolares y no adopten medidas concretas, podrán ser sancionadas.
Las penalidades contemplan multas económicas que parten desde los 600 mil pesos y pueden superar el millón, de acuerdo con la gravedad y reiteración de los hechos. Además, la Justicia tendrá la facultad de imponer hasta treinta días de tareas comunitarias o educativas a los responsables legales.
Con esta ley, Mendoza busca reforzar la prevención del acoso escolar y promover una mayor implicancia familiar, entendiendo que el abordaje del problema excede el ámbito institucional y requiere un compromiso conjunto entre escuela, hogar y Estado.
