La expresidenta Cristina Kirchner debe presentarse este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7), en el marco de la denominada "Causa Cuadernos". La citación, que exige asistencia presencial de manera obligatoria, se da en un clima político fuertemente polarizado, donde diversos sectores advierten que la agenda judicial operaría como una cortina de humo para desviar la atención del severo impacto de las políticas económicas de Javier Milei.
La exmandataria se trasladaría desde su residencia en el barrio porteño de Constitución hacia los tribunales federales, luego de que la Justicia desestimara un pedido de nulidad impulsado por su equipo legal. El tribunal, conformado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, tendría a su cargo la investigación de una presunta red de sobornos y cartelización en la obra pública que habría operado entre 2003 y 2015.
Desde la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, cuestionaron duramente la instrucción del caso. Según argumentaron en su presentación, los cuadernos que originaron la pesquisa habrían sido "manipulados", por lo que solicitaron su exclusión como material probatorio. Además, denunciaron que las declaraciones de los más de treinta imputados que figuran como "arrepentidos" se habrían obtenido bajo presuntas extorsiones.
El cronograma judicial estipulado para esta etapa no solo involucra a Cristina Kirchner. El tribunal también dispuso la citación de otros exfuncionarios de alto perfil, como el exministro de Planificación Julio De Vido, y diversos empresarios que estarían vinculados al expediente.
Mientras tanto, el escenario en las calles refleja la tensión de la coyuntura actual. Desde las primeras horas de la mañana, agrupaciones y simpatizantes se congregaron en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta para acompañar su traslado. En medio de la movilización, los manifestantes apuntaron directamente contra la Casa Rosada, acusando a la gestión libertaria de utilizar la condena con prisión domiciliaria de la dirigente como una maniobra mediática para "tapar el desastre" de la administración nacional.
