El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en las tarifas de gas a través de más de veinte resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. La medida fue instrumentada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y lleva la firma de su interventor, Marcelo Nachón, en el marco del plan de reordenamiento energético impulsado por la gestión de Javier Milei.
El nuevo esquema impactará tanto en usuarios residenciales como comerciales, con subas que variarán según el nivel de consumo y la situación socioeconómica de cada hogar. En ese sentido, los usuarios sin subsidios o de mayores ingresos serán los más afectados por el incremento.
De acuerdo a los valores establecidos, los cargos fijos mensuales arrancan en torno a los $3.824 para las categorías de menor consumo y pueden superar los $91.000 en los niveles más altos. La medida apunta a trasladar progresivamente el costo real del servicio a los usuarios, limitando la asistencia estatal únicamente a los sectores considerados vulnerables mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Este ajuste forma parte de una política de actualización tarifaria que prevé incrementos periódicos por encima de la inflación, en línea con la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) prevista para el período 2025-2030. El objetivo oficial es recomponer el sistema energético y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Sin embargo, el impacto en la economía doméstica genera preocupación. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), un hogar promedio ya destina más de $213.000 mensuales a cubrir servicios públicos básicos, cifra que podría incrementarse con esta nueva suba.
En provincias como Santiago del Estero, los cuadros tarifarios específicos se conocerán a medida que las distribuidoras adapten los valores en función del Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía. Mientras tanto, el nuevo esquema consolida una mayor presión sobre los ingresos de la clase media en un contexto de inflación sostenida.
