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El País

Impulsan nuevos créditos de ANSES para sectores vulnerables: quiénes podrían acceder

El proyecto prevé préstamos de hasta $1.500.000 con un sistema digital orientado a cancelar deudas.

Un nuevo esquema de financiamiento vinculado a la ANSES podría ponerse en marcha durante 2026, con el objetivo de asistir a sectores con dificultades para acceder a créditos tradicionales. La iniciativa contempla préstamos de hasta $1.500.000 y apunta principalmente a jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores informales.

El proyecto surge tras la eliminación de este tipo de líneas crediticias mediante el decreto 421/2025 y propone un enfoque distinto: en lugar de fomentar el consumo, el objetivo central será la refinanciación de deudas con tasas elevadas.

La propuesta es impulsada por legisladores de distintos espacios políticos, quienes plantean que los fondos provengan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

De avanzar, el sistema alcanzaría a más de 10 millones de personas en todo el país. Entre los posibles beneficiarios se encuentran quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del sistema SIPA con ingresos de hasta seis haberes mínimos, titulares de pensiones no contributivas, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Uno de los aspectos centrales del esquema es su modalidad: sería completamente digital y con destino específico. El dinero no se acreditaría en la cuenta del solicitante, sino que se transferiría directamente a los acreedores indicados, con el fin de cancelar compromisos financieros.

El monto máximo sería de $1.500.000, ajustable según el salario mínimo, con una tasa basada en TAMAR más 10 puntos. Además, las cuotas se descontarían mensualmente y no podrían superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Toda la operatoria se realizaría a través de la plataforma Mi ANSES, con controles automáticos para garantizar que los fondos se utilicen según lo declarado.

Por el momento, se trata de un proyecto de ley que debe ser debatido y aprobado en el Congreso. En caso de avanzar en ambas cámaras, podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026, por lo que aún no hay inscripciones ni trámites habilitados.

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