El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso de un proyecto para derogar la Ley 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, una de las normas alimentarias más debatidas de los últimos años en la Argentina.
La propuesta ingresó formalmente al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
Desde el Ejecutivo sostienen que, tras el tiempo de aplicación de la ley, se detectaron problemas técnicos, regulatorios y económicos que justificarían eliminar el actual sistema de advertencias nutricionales implementado en los envases de alimentos y bebidas.
Entre los principales cuestionamientos, el Gobierno argumenta que el esquema basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplica criterios similares a productos muy diferentes, generando —según la postura oficial— confusión en los consumidores.
Además, consideran que el modelo actual no incentiva adecuadamente a las empresas a mejorar parcialmente la composición de sus productos, ya que el sistema funciona bajo una lógica binaria: el alimento posee o no posee sellos de advertencia.
Leé también | El Gobierno busca mostrar unidad y acelera nuevas reformas económicas y políticas
Otro de los puntos señalados por la administración libertaria es el impacto económico de la normativa. Según el proyecto, la ley provocó costos adicionales para las empresas debido a cambios obligatorios en envases y procesos productivos, además de favorecer la concentración del mercado.
Pese a impulsar la derogación, el Gobierno aclaró que continuará vigente la obligación de informar la composición nutricional de los alimentos dentro del marco establecido por el Código Alimentario Argentino y las normas de defensa del consumidor.
La intención oficial es reemplazar el sistema actual por un modelo que, según indicaron, resulte “más preciso y científicamente consistente”, alineado con estándares regionales del Mercosur.
El proyecto presentado cuenta con apenas dos artículos: uno establece la derogación total de la ley vigente y el otro fija su aplicación inmediata una vez publicada en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo solicitó al Congreso acelerar el tratamiento parlamentario de la iniciativa.
