En un nuevo avance del litigio internacional por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó una declaración jurada ante la Justicia de Estados Unidos en la que reafirmó que las reservas de oro del Banco Central cuentan con inmunidad soberana y no pueden ser objeto de embargo, al tiempo que rechazó brindar precisiones sobre su ubicación.
El escrito fue elevado ante la jueza Loretta Preska, del tribunal de Nueva York, y lleva la firma del secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía. La presentación respondió a los requerimientos del fondo Burford Capital, que busca conocer el paradero de los activos del BCRA en el marco del proceso para cobrar la sentencia favorable por más de 16.000 millones de dólares.
Según la postura oficial, la estrategia legal se apoyó en dos ejes centrales. Por un lado, el Gobierno afirmó no contar con información específica sobre la localización física del oro, limitándose a cumplir formalmente con la orden judicial sin divulgar datos sensibles. Por otro lado, remarcó que las reservas del Banco Central están amparadas por el principio de inmunidad soberana, lo que las excluye de cualquier intento de ejecución en Estados Unidos u otras jurisdicciones.
Desde la defensa argentina insistieron en que existe una separación jurídica entre el Estado nacional y la autoridad monetaria, respaldada por normas de derecho internacional, que impide utilizar los activos del BCRA para satisfacer reclamos derivados del juicio por YPF.
En paralelo, el Gobierno cuestionó el intento de Burford de avanzar con el proceso de discovery, destinado a identificar bienes potencialmente embargables. Según fuentes oficiales, esta maniobra resulta improcedente y abusiva, y vulnera principios constitucionales.
Asimismo, anticiparon que, en caso de que la jueza Preska no suspenda el proceso de exhibición de activos, Argentina recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, al considerar que los pedidos del fondo demandante exceden el marco del litigio y podrían sentar un precedente riesgoso sobre activos protegidos por la soberanía estatal.
