Un fuerte cruce político se generó en torno al funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), luego de que la diputada Julia Strada denunciara un presunto proceso de desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Según la legisladora, se habrían dado de baja más de 900 ofertas tecnológicas que brindaban asistencia a empresas de distintos sectores productivos, lo que —afirmó— estaría dejando al organismo en una situación de parálisis operativa, agravada por la falta de recursos básicos como viáticos para el personal técnico.
Strada también advirtió sobre la eliminación de áreas vinculadas a la calibración y la metrología legal, consideradas fundamentales para garantizar estándares de calidad en la producción industrial. En ese sentido, sostuvo que estas decisiones podrían impactar de manera directa en la competitividad del sector.
Desde la oposición señalan que estas medidas responden a una estrategia más amplia que podría debilitar el desarrollo industrial y la innovación tecnológica en el país. Además, manifestaron preocupación por la cancelación de convenios internacionales vinculados al organismo.
En tanto, el debate continúa abierto en el ámbito político y productivo, donde distintos actores analizan las consecuencias de los cambios en uno de los organismos clave para el entramado industrial argentino.
