Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete y considerada una figura clave en el circuito de presuntos pagos ilegales dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó este miércoles a declarar ante la Justicia. Su silencio llega en un momento en el que la fiscalía asegura contar con abundante evidencia que la ubica en el corazón de la maniobra investigada.
Muñoz, señalada en el expediente como la responsable de movilizar dinero en efectivo y coordinar pagos siguiendo instrucciones directas de Calvete, aparece mencionada en múltiples comunicaciones obtenidas del teléfono del dirigente. De acuerdo con el fiscal Franco Picardi, ambos “administraban los pagos efectuados por diversas empresas vinculadas a compras de medicamentos, determinando porcentajes a retener y el destino del dinero restante”, que en algunos casos habría terminado en manos de funcionarios nacionales.
Audios, mensajes y un rol central
Entre los elementos más comprometedores que analiza la Justicia se encuentran audios en los que Calvete le explica a Muñoz cómo calcular los porcentajes que debían repartirse, y en los que se desprende que parte del dinero quedaba para ambos. También figuran mensajes donde la mujer habría enviado un recibo de alrededor de 90 mil dólares, a lo que Calvete respondió con la instrucción de guardarlo en la caja fuerte.
Otra comunicación relevante muestra a Calvete pidiéndole a Muñoz “cinco palos” en efectivo para entregárselos al entonces titular de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo, quien se preparaba para un viaje. En ese chat, Calvete explica que el dinero era “para el pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Luego, ambos hombres intercambiaron mensajes sobre cómo coordinar la entrega en “algún lugar disimulado”.
Allanamientos y maniobras de ocultamiento
Durante un procedimiento en el domicilio de Calvete, los investigadores hallaron un papel pegado en la cocina con instrucciones dirigidas a sus empleados sobre qué decir si alguien preguntaba por él o por sus sociedades. El mensaje indicaba que allí no vivían ni él ni Muñoz, lo que la fiscalía interpretó como una maniobra para entorpecer o esquivar el accionar judicial.
Con este escenario cargado de pruebas indirectas y diálogos reveladores, la imputada decidió hoy no responder preguntas y recurrió a su derecho a no declarar. La investigación seguirá avanzando con el análisis del material secuestrado y las próximas indagatorias del resto de los acusados.
