La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y dejó firme el decomiso de $685.000 millones, monto que había sido actualizado a partir de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal.
Con esta resolución, también quedó habilitado el avance de la ejecución patrimonial sobre los bienes alcanzados por la condena. La medida comprende 111 bienes vinculados a los condenados, algunos de los cuales ya comenzaron el proceso de tasación para su posterior remate.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes además rechazaron los planteos de nulidad y el pedido de suspensión de las medidas patrimoniales impulsadas por las defensas.
En la misma resolución, la Corte también desestimó el recurso presentado por el empresario Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La actualización del decomiso
El monto original del decomiso había sido fijado en $85.000 millones, pero fue actualizado hasta alcanzar los $685.000 millones sobre la base de un informe elaborado por los peritos contadores de la Corte Suprema. Esa cifra quedó ahora firme.
La responsabilidad por ese decomiso recae de manera solidaria sobre todos los condenados. En el caso de Báez, gran parte de sus activos ya fueron rematados en el marco de otros procesos judiciales, por lo que entre quienes conservan bienes de mayor valor figura la ex presidenta.
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La investigación determinó la existencia de una maniobra de administración fraudulenta en la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública vial desarrolladas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según la Justicia, los contratos fueron otorgados de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.
Por estos hechos, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ex mandataria cumple actualmente la pena bajo el régimen de arresto domiciliario.
La condena también alcanzó a Lázaro Báez, José López, Nelson Guillermo Periotti y otros ex funcionarios, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con el fallo de la Corte Suprema, quedaron firmes tanto la actualización del decomiso como las medidas destinadas a ejecutar el recupero patrimonial derivado de la sentencia.
