La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó intervención en el conflicto judicial que enfrenta a Mercado Libre con la plataforma china Temu, en el marco de una denuncia por competencia desleal y presunta publicidad engañosa. La decisión se produjo tras la falta de definición de los tribunales inferiores, que no lograron determinar qué fuero debía abordar el caso.
La controversia se inició en julio de 2025, cuando la empresa fundada por Marcos Galperín presentó una denuncia administrativa ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía. Allí sostuvo que Temu difundía promociones con descuentos extremos, incluso de hasta el 100%, que no serían reales o estarían sujetas a condiciones no explicitadas desde el inicio.
A partir de esa presentación, el Ministerio de Economía resolvió sancionar a la plataforma asiática y prohibirle continuar con ese tipo de publicidad. Temu apeló la medida y recurrió a la Justicia, argumentando que la sanción fue aplicada de manera irregular y que se vulneraron sus derechos de defensa.
Sin embargo, el expediente quedó paralizado por un conflicto de competencia entre el fuero Civil y Comercial Federal y el fuero Contencioso Administrativo Federal, ya que ninguno aceptó intervenir para tratar la cautelar solicitada por la empresa china ni revisar las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Ante ese escenario, la Corte Suprema decidió tomar cartas en el asunto para dirimir la disputa de competencia y establecer qué tribunal deberá continuar con la tramitación de la causa.
En paralelo, desde Mercado Libre remarcaron que la denuncia no responde a una disputa comercial general, sino a lo que consideran prácticas sistemáticas de publicidad engañosa. Según la empresa, las promociones con rebajas del 80%, 90% o incluso productos “gratis” generan expectativas irreales, ya que solo se concretan si el consumidor cumple requisitos que aparecen recién en etapas avanzadas del proceso de compra.
La presentación también cuestiona la existencia de costos adicionales, como envíos o montos mínimos de compra, y el uso de mecanismos de “gamificación”, como sorteos o ruedas de premios, que —según sostienen— inducen presión psicológica sobre los usuarios para que continúen interactuando o finalicen la operación.
Ahora será el máximo tribunal del país el encargado de destrabar el conflicto y definir el futuro judicial de una disputa que enfrenta a uno de los principales jugadores del comercio electrónico local con las plataformas chinas de venta online.
