La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió, al menos de manera provisoria, no recomendar al Gobierno nacional la designación de un veedor oficial para supervisar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La determinación fue adoptada por el inspector general Daniel Vítolo, tras una serie de audiencias con los auditores de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde el organismo explicaron que la decisión se basa en que la AFA comenzó a responder los requerimientos formales, abriendo y presentando información vinculada a sus balances contables. “Si la entidad cambió su actitud y dio la información solicitada, no hay justificativo para una veeduría en este momento”, señalaron fuentes de la IGJ.
No obstante, aclararon que la situación no está cerrada de manera definitiva. La documentación aportada será analizada en profundidad durante los próximos días y, en caso de detectarse inconsistencias u omisiones relevantes, la designación de un veedor podría retomarse más adelante.
La revisión se centra en los estados contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024, proceso que incluyó la comparecencia de los contadores responsables de auditar los balances en distintos períodos. Desde la IGJ destacaron la actitud colaborativa de los profesionales y valoraron que, en el balance cerrado en junio de 2024, la AFA haya desagregado partidas que anteriormente figuraban de forma global y habían sido cuestionadas.
En paralelo, el organismo recordó que la AFA tiene plazo hasta el martes 20 de enero para responder requerimientos vinculados a la Universidad de la AFA (UNAFA) y al destino de los fondos utilizados para su funcionamiento.
Vítolo también buscó descomprimir el conflicto generado por el cambio de jurisdicción de la AFA, que trasladó su domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Aseguró que la IGJ no pretende retener a la entidad bajo su órbita, aunque subrayó que el traspaso debe ajustarse a los requisitos legales vigentes.
Asimismo, negó que desde el organismo exista una imputación penal contra la AFA o sus directivos, y remarcó que los pedidos de información se realizan en el marco de las funciones administrativas de control.
La decisión fue interpretada en ámbitos oficiales como una señal de distensión en la relación entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, en medio de un contexto de tensiones políticas y judiciales que rodean a la entidad madre del fútbol nacional.
