En el marco de la discusión reabierta por el Gobierno nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia Católica volvió a manifestar su rechazo a la iniciativa y advirtió que se trata de una respuesta simplista frente a una problemática compleja. A través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, los obispos señalaron que “no es la propuesta más razonable” y reclamaron políticas integrales que apunten a las causas profundas de la inseguridad.
La postura fue retomada a partir de un documento aprobado en marzo de 2025, que volvió a cobrar vigencia tras la inclusión del tema en las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese pronunciamiento, el organismo que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida, afirmó que “es una idealización creer que bajando la edad de imputabilidad se solucionará la inseguridad”, sin atender factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades y el avance del narcotráfico.
Los obispos reconocieron el dolor de las víctimas de hechos de violencia, incluso aquellos cometidos por menores, pero advirtieron que los adolescentes representan un porcentaje reducido del total de delitos. En ese sentido, citaron estadísticas oficiales de 2023 que muestran que los menores de 15 años y los jóvenes de 16 y 17 años tienen una participación minoritaria en delitos como robos y hurtos de vehículos.
Además, la Iglesia alertó sobre el fácil acceso de niños y jóvenes a las drogas y reclamó una lucha más firme contra el narcotráfico, al que consideró una de las principales causas de la violencia actual. También puso en duda la capacidad del sistema penitenciario para alojar a menores y cuestionó si ese camino puede ser una solución real.
Finalmente, la Comisión de Pastoral Social sostuvo que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe priorizar la reinserción social, la educación y una mirada humana e integral. “La Argentina necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”, concluyeron, al tiempo que llamaron a un debate profundo y a políticas públicas de largo plazo que ofrezcan a los jóvenes un proyecto de vida con futuro y esperanza.
