Un fallo judicial sin precedentes ordenó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires indemnizar con 35 millones de pesos a un joven que sufrió una sistemática y brutal campaña de acoso escolar. El infierno ocurrió en una escuela técnica de la localidad de Chivilcoy y la Justicia determinó la responsabilidad absoluta del Estado por no intervenir para frenar los constantes ataques.
Los hechos que originaron la demanda ocurrieron durante los ciclos lectivos 2011 y 2012 en la Escuela de Educación Técnica número 1 Mariano Moreno. El adolescente tenía una profunda vocación por la informática y excelentes calificaciones, un perfil de estudiante aplicado que lo convirtió injustamente en el blanco central de las agresiones de sus compañeros.
El infierno en el aula
El hostigamiento fue brutal y escaló rápidamente de manera geométrica. El alumno sufría agresiones verbales, empujones, salivazos diarios y golpes físicos constantes en la cabeza. El punto máximo de violencia áulica ocurrió cuando un compañero le arrojó un borrador al rostro en plena clase. Lejos de sancionar al agresor y brindar contención, el docente a cargo solo mandó a la víctima al baño a lavarse la cara y continuó dando la lección.
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Ante la desesperación, los padres acudieron a las autoridades, pero la única solución que ofreció la Inspección fue cambiar al chico al turno mañana. Esta medida fue considerada por la Justicia como una clara revictimización, ya que obligaba al menor a modificar sus hábitos de vida mientras los atacantes quedaban totalmente impunes y sin recibir ninguna sanción.
El cambio no frenó el calvario. El acoso continuó por parte de otros alumnos e incluso llegaron a filmar las golpizas con celulares para humillarlo públicamente frente al resto del colegio.
Inacción institucional y secuelas
El absoluto desamparo de los directivos llevó al joven a un cuadro depresivo y fóbico severo que lo obligó a abandonar los estudios a mediados de 2012. Sufrió un confinamiento psicosocial crónico y un aumento desmedido de peso por el encierro extremo, pasando de 70 a 125 kilos para refugiarse en su casa.
En su contundente sentencia, el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de Mercedes, Luis Laserna, rechazó de plano los insólitos argumentos de los abogados de la Dirección de Escuelas, quienes intentaron culpar al chico alegando una fobia social previa. El magistrado remarcó que los establecimientos asumen la obligación de garantizar la integridad física y moral de los alumnos y que los malos tratos jamás pueden ser considerados un hecho casual o fortuito.
Para fijar la abultada cifra indemnizatoria, el juez valoró el tremendo daño moral en plena adolescencia, los trastornos de ansiedad y la necesidad imperiosa de solventar su tratamiento psicológico. Al sumar los intereses acumulados desde el momento de los hechos, el monto final alcanzó los 35 millones de pesos que deberán ser abonados en forma solidaria por la cartera educativa y su aseguradora.
