Un fallo de la Justicia Federal de Córdoba ordenó a PAMI y al programa Incluir Salud regularizar y mantener al día los pagos vinculados a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, en una resolución que podría impactar en miles de beneficiarios y prestadores de todo el país, incluidos los de Santiago del Estero.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja, quien hizo lugar a una acción de amparo colectiva impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas de discapacidad.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Estado no puede justificar incumplimientos en prestaciones esenciales alegando cuestiones presupuestarias o administrativas.
"No puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes", señaló el juez en uno de los tramos más contundentes del fallo.
Qué ordenó la Justicia
La sentencia dispone que tanto PAMI como Incluir Salud deberán garantizar la normalización de la cadena de pagos correspondiente a prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas.
Además, el fallo remarca que la asistencia integral a las personas con discapacidad constituye una política pública fundamental y que el acceso a estos servicios no puede quedar sujeto a demoras injustificadas.
Según la investigación judicial, se detectaron casos con atrasos de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados por instituciones, profesionales y centros especializados.
La respuesta de PAMI
Tras conocerse la resolución, desde PAMI manifestaron a la Agencia Noticias Argentinas que no existe deuda pendiente con los prestadores.
Según indicaron desde el organismo, "el viernes se abonó el mes corriente", por lo que rechazaron la existencia de atrasos en los pagos.
Expectativa entre prestadores y familias
La resolución genera expectativa entre instituciones, profesionales y familias que dependen de estos servicios, ya que el amparo tiene alcance colectivo y busca garantizar la continuidad de tratamientos, acompañamientos terapéuticos, centros de día y otras prestaciones esenciales para personas con discapacidad.
Mientras tanto, se espera conocer los próximos pasos administrativos y judiciales tras la sentencia, en medio de un debate que mantiene en alerta a prestadores y beneficiarios de distintas provincias, entre ellas Santiago del Estero.
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