Se abrió una nueva polémica en el sistema penitenciario tras el reclamo de internos que se oponen a eventuales medidas del Gobierno de Javier Milei que buscarían restringir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
Los detenidos sostienen que los dispositivos no solo cumplen una función de comunicación con sus familias, sino que también resultan esenciales para su formación educativa y capacitación laboral dentro del penal. “Usamos los teléfonos para estudiar, no pueden quitarnos”, expresaron en sus planteos.
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El pedido reavivó un debate que ya genera posiciones encontradas en la sociedad: por un lado, quienes respaldan un mayor endurecimiento de las condiciones de detención; y por otro, aquellos que defienden el acceso a herramientas tecnológicas como parte de los procesos de reinserción social.
En redes sociales, la discusión tomó fuerza y volvió a instalarse la tensión entre seguridad y derechos dentro del sistema penitenciario, especialmente en lo referido al uso de tecnología por parte de personas privadas de la libertad.
Por el momento, no se confirmó una decisión oficial definitiva, aunque el tema continúa en análisis y promete seguir generando repercusiones tanto políticas como sociales.
