Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expuso que 4.119 niños, niñas y adolescentes estuvieron alcanzados por medidas penales en Argentina durante 2024, un dato que cobra especial relevancia en el contexto del debate parlamentario sobre una posible reforma del régimen penal juvenil.
El relevamiento indica que casi el 80% de los jóvenes en conflicto con la ley no se encuentra privado de la libertad. En concreto, 3.249 adolescentes cumplen medidas en territorio, bajo esquemas de seguimiento, contención y acompañamiento comunitario, mientras que 865 permanecen alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, se registraron cuatro casos de prisión domiciliaria y uno sin datos precisos sobre su modalidad.
Si bien el CNPT señaló que la cantidad total de casos mantiene una tendencia descendente, advirtió una leve suba en el número de menores privados de la libertad en comparación con años anteriores, un aspecto que encendió alertas dentro del organismo.
En cuanto al tipo de delitos, el informe detalla que la mayoría de las causas están vinculadas a hechos contra la propiedad, que representan el 57,1% del total. Le siguen los delitos contra las personas (13,9%) y los delitos contra la integridad sexual (7,5%).
Desde el punto de vista territorial, la aplicación del encierro juvenil muestra fuertes desigualdades. La tasa nacional es de 1,8 jóvenes privados de la libertad cada 100.000 habitantes, pero Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio. De hecho, Córdoba y Buenos Aires concentran el 75% de los adolescentes en situación de encierro a nivel país.
La situación de los no punibles
Uno de los puntos más sensibles del informe es la presencia de 48 niños de entre 12 y 15 años dentro del sistema penal juvenil, de los cuales 44 se encuentran en dispositivos de encierro. El CNPT remarcó que, según la normativa vigente, estos menores son no punibles, por lo que no deberían estar bajo regímenes penales, sino bajo la órbita de los organismos de protección integral de derechos.
El estudio también señala que el 60% de los adolescentes privados de la libertad tiene entre 16 y 17 años, aunque un dato llamativo es que más del 30% de quienes continúan en estos dispositivos ya superaron los 18 años, permaneciendo encerrados para cumplir medidas judiciales pendientes.
Un sistema con 174 dispositivos
Actualmente, el país cuenta con 174 dispositivos destinados al abordaje penal juvenil. De ese total, 99 están vinculados al encierro —63 de privación de libertad, 27 de restricción y 9 de aprehensión especializada—, mientras que 75 funcionan para el cumplimiento de medidas en territorio.
El informe del CNPT vuelve a poner en agenda la discusión sobre cómo aborda el Estado la conflictividad penal juvenil, en un escenario atravesado por demandas de mayor seguridad y, al mismo tiempo, por el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
