Durante 2024, más de 4.000 niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal en la Argentina, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Los datos se conocieron en un contexto sensible, marcado por el debate político y social en torno a la posible baja de la edad de imputabilidad.
De acuerdo al relevamiento, al 31 de diciembre del año pasado había 4.119 jóvenes incluidos en el sistema penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio —sin encierro— mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, cuatro cumplían prisión domiciliaria y en un caso no se pudo precisar la modalidad aplicada.
El informe remarca que ocho de cada diez adolescentes con intervención judicial no estuvieron privados de su libertad, sino que fueron incluidos en programas de acompañamiento, supervisión y abordaje comunitario. Sin embargo, también se advirtió una leve suba en la cantidad de jóvenes alojados en dispositivos de encierro, pese a una tendencia general descendente en los indicadores.
A nivel nacional, el Sistema Penal Juvenil contó con 174 dispositivos: 75 orientados a medidas en territorio y 99 vinculados al encierro. Dentro de estos últimos, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción y nueve a aprehensiones especializadas.
En cuanto a los delitos imputados, predominan los hechos contra la propiedad, que representan el 57,1% del total. Les siguen los delitos contra las personas (13,9%) y contra la integridad sexual (7,5%).
Uno de los puntos más sensibles del informe es la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 chicos de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 estaban en lugares de encierro. Según la legislación vigente, estos adolescentes son no punibles y deberían ser abordados por el sistema de protección integral de derechos, y no por el penal juvenil.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes, aunque Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio. Las dos primeras concentran el 75% de los casos.
Finalmente, el informe señala que más del 60% de los jóvenes privados de la libertad tenía entre 16 y 17 años, y que más del 30% continuaba bajo medidas de encierro incluso después de haber cumplido los 18 años, un dato que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal juvenil en el país.
