Efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario provincial protagonizaron una protesta frente a la Casa de Gobierno en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo, mientras que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad como consecuencia de los hechos registrados.
La manifestación comenzó durante la noche del lunes, cuando personal policial activo y retirado se concentró en las inmediaciones del edificio del Poder Ejecutivo provincial. En el lugar se apostaron dos patrulleros, uno sobre calle San Jerónimo y otro en la intersección de 3 de Febrero y San Martín.
Los manifestantes, pertenecientes a la Brigada Motorizada y al área de Orden Público, expusieron ante las autoridades sus principales reclamos, centrados en un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales.
Las protestas continuaron durante la mañana de este martes en la ciudad de Rosario, frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Allí se registró la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos, lo que motivó la intervención del Centro Integrado de Operaciones Rosario, que dispuso un corte total del tránsito en calle Gutiérrez y recomendó evitar la zona.
En paralelo, la fuerza de seguridad llevó adelante un procedimiento en Aborígenes al 6300, donde se concretó la detención de un menor de edad y el secuestro de un arma de fuego.
Desde la sede local de Gobierno, el ministro Cococcioni confirmó que 20 efectivos serán pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas. Acompañado por los secretarios Omar Pereira, de Seguridad Pública, y Esteban Santantino, de Análisis y Gestión de la Información, sostuvo que la gestión trabaja para dar respuestas a las demandas del personal.
El funcionario afirmó que durante la protesta “se montaron determinados grupos que, a partir de intereses particulares, promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y difundieron información falsa”. Además, informó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación una investigación por posibles ilícitos penales.
Cococcioni también denunció que en un momento se intentó impedir la salida de móviles para realizar patrullajes, estimando que unas 20 unidades quedaron paralizadas frente a la jefatura. “El reclamo es válido y reconocemos que falta mucho para el bienestar de las fuerzas, pero se sumaron intereses que de legítimos tienen muy poco”, concluyó.
