La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que siete presos habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. Según la investigación, los implicados operaban desde la Unidad N°36 de Magdalena y se habrían contactado con la víctima a través de una aplicación de citas utilizando un perfil falso bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo”.
Monteoliva realizó el anuncio acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien encabeza la causa. La magistrada precisó que se llevaron adelante allanamientos tanto en el penal como en domicilios ubicados en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, en el marco de una investigación que apunta también a otros casos similares.
Los sospechosos identificados son Tomás F. (21), Mauricio D.A. (24), Kevin S. (29), Iara C. (22), Karen C. (25), Camila M. (24) y Erica T. (36), quienes fueron detenidos en las últimas horas. Según se informó, las mujeres cumplían el rol de recaudadoras, retirando el dinero que las víctimas abonaban como parte de las extorsiones.
Durante la conferencia, Adorni fue contundente: “Un celular en la mano es efectivamente permitirle tener un arma en una celda. No se les puede permitir tener una pyme del delito dentro de la cárcel”.
Por su parte, la jueza Arroyo Salgado advirtió que el caso no es aislado y remarcó que existen numerosos antecedentes de delitos graves cometidos desde establecimientos penitenciarios gracias al uso de teléfonos móviles. “Un celular hoy es una herramienta, pero también puede ser un arma letal”, sostuvo.
De la presentación participaron además el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.
La causa continúa en investigación mientras se profundiza el análisis sobre el funcionamiento de redes delictivas que operarían desde el interior de las cárceles.
