Después de 22 meses de separación, José María pudo reencontrarse con sus dos hijos, de 11 y 6 años, quienes habían sido llevados a Brasil por su madre sin autorización. Los chicos regresaron finalmente a la Argentina el 24 de diciembre de 2025, tras un complejo recorrido judicial atravesado por vacíos legales y obstáculos internacionales.
La situación comenzó el 23 de febrero de 2025, cuando el padre permitió que los niños pasaran un fin de semana con su madre, en el marco de un acuerdo habitual. Sin embargo, al intentar contactarlos para organizar el inicio del ciclo lectivo, recibió una respuesta inesperada: la mujer le informó que se encontraba de viaje con los chicos. Desde ese momento, perdió todo contacto y desconocía su paradero.
Con el paso de los días, los niños dejaron de asistir a la escuela y al jardín en Buenos Aires, donde residían con su padre. La primera intervención judicial fue un impedimento de contacto, pero rápidamente las autoridades advirtieron que se trataba de un caso de sustracción internacional de menores, lo que complicó el avance del expediente.
Recién en abril de 2025 surgió un dato clave: un informe ubicó a los chicos en Río de Janeiro. Aun así, la causa permaneció durante meses en una fiscalía sin competencia internacional, lo que demoró la activación de medidas más contundentes. La alerta roja de Interpol y la orden de captura internacional se emitieron recién en septiembre, aunque sin resultados inmediatos, ya que en Brasil el secuestro parental no constituye un delito penal, lo que impidió su ejecución.
Ante la falta de respuestas oficiales, José María impulsó una campaña en redes sociales, que resultó fundamental para obtener información sobre el paradero de sus hijos. En mayo de 2025, un mensaje alertó sobre la posible presencia de los niños en una isla cercana a Río. El dato fue confirmado por Interpol, aunque el padre recibió la indicación de no viajar, ya que sin una orden judicial brasileña no era posible intervenir.
El proceso continuó entre demoras judiciales, conciliaciones fallidas y un intento de nueva fuga durante la feria judicial en Brasil. Finalmente, tras casi dos años de incertidumbre, se logró destrabar la situación y los chicos pudieron regresar al país.
El caso volvió a poner en evidencia las dificultades legales que enfrentan las familias en situaciones de sustracción internacional de menores y la falta de mecanismos ágiles para garantizar el rápido restablecimiento del vínculo familiar.
