El Gobierno nacional decidió reactivar el debate por la baja de la edad de imputabilidad, luego del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por un grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años. El caso, que fue filmado y difundido en redes sociales, generó una fuerte conmoción social y volvió a poner en agenda la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil.
La iniciativa fue reflotada por la senadora Patricia Bullrich, quien anticipó que durante este año se impulsará nuevamente el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el Congreso. El debate ya había avanzado durante 2025 en la Cámara de Diputados, donde un plenario de comisiones logró dictamen tras unificar más de una decena de proyectos de distintas fuerzas políticas.
En aquel consenso se estableció la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto a un régimen especial que contempla penas máximas de hasta 15 años para delitos graves y un esquema de sanciones diferenciadas y alternativas para los casos de menor gravedad.
El presidente Javier Milei ya había impulsado públicamente la reforma durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2025, donde reclamó una modificación urgente del Código Penal. En ese contexto, recordó el crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada durante un robo en La Plata, cometido por dos menores de 14 y 17 años, y cuestionó la falta de herramientas legales para juzgar a los responsables.
Tras el asesinato de Monzón y la viralización de las imágenes, Bullrich reforzó la postura del oficialismo al señalar que el actual sistema “garantiza impunidad” y sostuvo que la reforma busca alinearse con los estándares vigentes en países vecinos, incorporando jueces especializados, responsabilidad penal temprana y sanciones proporcionales.
El dictamen de mayoría, firmado por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, partidos provinciales y otros bloques, modificó la propuesta original del Ejecutivo —que planteaba una edad mínima de 13 años— y fijó el nuevo umbral en 14. El esquema prioriza medidas educativas y restaurativas, como programas de inclusión escolar, tratamiento psicológico, capacitación laboral, servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico.
La privación de la libertad quedaría reservada para delitos graves, con un límite máximo de 15 años y la posibilidad de acceder a regímenes alternativos tras cumplir dos tercios de la condena. Además, se prevé la mediación penal juvenil para delitos menores y la suspensión del juicio a prueba en casos específicos.
El proyecto perdió estado parlamentario al cierre del período legislativo 2025, por lo que deberá volver a ser tratado en comisiones. No obstante, el amplio consenso alcanzado y los antecedentes en ambas cámaras aparecen como una base clave para que el debate vuelva a instalarse en el Congreso en los próximos meses.
