La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que había sido implementado por el Gobierno nacional durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su resolución, el magistrado consideró que la Resolución 943/23 carece de validez legal y no cumple con los requisitos exigidos para ser considerada un acto administrativo legítimo. Según el fallo, la norma incurrió en una “ilegitimidad manifiesta”, al exceder las facultades del Poder Ejecutivo y vulnerar principios establecidos en la legislación vigente.
Cormick también dispuso que aquellas personas que se hayan visto perjudicadas por la aplicación del protocolo podrán iniciar acciones judiciales de manera individual ante la Justicia penal, en caso de haber sufrido abusos o excesos por parte de las fuerzas de seguridad durante los operativos realizados bajo esa normativa.
Desde el CELS celebraron el fallo y destacaron que la sentencia establece límites claros a la actuación del Ministerio de Seguridad. Según señalaron, el juez entendió que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a las fuerzas policiales, la resolución avanzó sobre atribuciones propias del Congreso y del Poder Judicial, llegando incluso a modificar de hecho leyes penales y procesales.
El protocolo antipiquetes había sido aplicado por última vez a mediados de diciembre, durante la movilización de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuando Alejandra Monteoliva ya se encontraba al frente de la cartera de Seguridad.
En paralelo, la Justicia continúa investigando otros episodios vinculados a la aplicación de ese procedimiento, como los hechos ocurridos en la manifestación del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno en las inmediaciones del Congreso.
Distintos dirigentes sindicales y sociales también se pronunciaron tras conocerse el fallo. Entre ellos, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que una resolución ministerial “no puede estar por encima de la Constitución” y calificó la decisión judicial como un avance contra la represión y una señal de restablecimiento de las garantías constitucionales.
