La Justicia dispuso la clausura de un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata luego de que se comprobara una violenta agresión contra un hombre de 89 años que residía en el lugar. El hecho, protagonizado por una cuidadora, fue descubierto tras la denuncia de las nietas de la víctima y la difusión de un video que generó fuerte conmoción.
El episodio salió a la luz la semana pasada, cuando familiares de Héctor, el adulto mayor atacado, advirtieron lesiones visibles durante una visita. Posteriormente, las cámaras de seguridad del establecimiento confirmaron el maltrato físico ejercido por una empleada, lo que dio inicio a una investigación judicial y administrativa.
A raíz del escándalo, la Inspección General realizó un relevamiento en el geriátrico y detectó diversas irregularidades vinculadas a la habilitación, las medidas de seguridad y el personal disponible, lo que derivó en el cierre preventivo del lugar.
Según informó el medio local 0223, una de las nietas del hombre se presentó junto a un abogado en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, donde amplió su declaración y aportó nuevos elementos. Además, se incorporaron informes médicos que complican la situación de la acusada y se aguarda el resultado de pericias del Cuerpo Médico.
“Mis primas fueron a visitarlo y notaron heridas en las manos, los ojos y la boca”, relató una de las nietas. Tras solicitar una revisión médica —que el geriátrico no había gestionado—, un profesional confirmó que la víctima tenía la muñeca derecha fracturada y múltiples golpes en el rostro.
De acuerdo a la denuncia, la cuidadora habría golpeado al hombre en reiteradas ocasiones. La acusada intentó justificarse al asegurar que el anciano “sufrió un brote psicótico y se negaba a tomar la medicación”. Héctor padece alzhéimer y presenta, además, pérdida visual y auditiva.
Ante la gravedad del caso, la familia decidió retirar al adulto mayor del establecimiento por temor a nuevas agresiones. La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal Carolina Castañeda, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades penales y administrativas.
