La diputada nacional por Corrientes Virginia Gallardo, integrante del bloque libertario, presentó su primer proyecto en la Cámara de Diputados, con el que propone que el Poder Ejecutivo declare el Estado de Emergencia Hídrica en las zonas de su provincia afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
La iniciativa apunta a acelerar mecanismos administrativos y presupuestarios que permitan reforzar la asistencia a los damnificados y acompañar a los gobiernos provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción.
“La declaración de la Emergencia Hídrica es una medida necesaria y oportuna para brindar una respuesta eficaz a las poblaciones afectadas”, expresó Gallardo al fundamentar su proyecto. Además, sostuvo que la adopción de medidas excepcionales resulta clave para mitigar los efectos del desastre y contribuir a la normalización de las condiciones de vida en Corrientes.
Otra iniciativa desde la UCR
La propuesta de Gallardo no fue la única presentada en el Congreso. El diputado radical Diógenes González también impulsó un proyecto similar, en el que advirtió que las lluvias récord, con acumulados de entre 300 y 400 milímetros en períodos muy cortos, provocaron anegamientos generalizados, saturación del suelo y el colapso de los sistemas de drenaje.
Según señaló, la magnitud del temporal obligó a desplegar operativos de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad, con evacuaciones masivas y la habilitación de centros de alojamiento en escuelas, gimnasios y espacios comunitarios.
¿Qué implica declarar la emergencia?
La declaración de un estado de emergencia por desastre climático habilita al Gobierno nacional a destinar partidas especiales para la asistencia y reconstrucción de las zonas afectadas, generalmente por un plazo inicial de 180 días.
Entre las medidas previstas se incluyen la ampliación de fondos para planes sociales, acciones para preservar y restablecer las condiciones de vida, la recuperación de la actividad productiva y del empleo, además de la ejecución de obras públicas coordinadas entre la Nación y la provincia para afrontar las consecuencias del fenómeno climático.
