La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su “más absoluta oposición y rechazo” al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. En un comunicado difundido este viernes, la central sindical sostuvo que este tipo de reformas “deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.
Según el texto, el decreto modifica la organización y conducción del sistema de inteligencia, habilitando “reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas” que, a juicio de la CGT, profundizan la opacidad y amplían el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sin el correspondiente control parlamentario.
En ese sentido, los gremialistas advirtieron que la medida deja a la ciudadanía en una “situación institucionalmente crítica”, al considerar que las actividades de espionaje pasarían a ser “encubiertas”, lo que transformaría a los agentes de inteligencia en una “policía secreta” o “fuerza parapolicial”, con la posibilidad de detenciones sin orden judicial.
El comunicado también cuestionó la habilitación para que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad realicen tareas de inteligencia interior, así como las facultades vinculadas a la persecución por “fuga de información clasificada”. Para la CGT, esto podría derivar en hostigamiento y censura al ejercicio del periodismo y en otros riesgos institucionales de gravedad.
La postura sindical se conoce en un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional, marcado además por el rechazo gremial al proyecto de reforma laboral que impulsa la gestión libertaria en el Congreso. “Se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”, advirtió la central obrera.
En el cierre del documento, la CGT sostuvo que estas iniciativas “se alejan de las genuinas prioridades de nuestro pueblo” y funcionan como el “complemento represivo indispensable” de un programa de ajuste económico y social. Según concluyó, se trata de un rumbo que “no resultará sustentable en el tiempo” y que se aparta de un modelo compatible con la plena vigencia de la democracia.
