El Gobierno de Javier Milei avanza con las gestiones para lograr que el Senado apruebe a comienzos de febrero la reforma laboral que impulsa el oficialismo, una iniciativa que ya encendió luces de alerta en la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese escenario, el sindicalismo se prepara para dar la discusión política y parlamentaria, sin descartar eventuales medidas de fuerza si no se habilita un debate real.
Las negociaciones en la Cámara alta están encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien anticipó la posibilidad de abrir una instancia de diálogo con la CGT. Según adelantó, a partir del 16 de enero funcionará en el Senado una comisión técnica, liderada por su asesora Josefina Tajes, que analizará los planteos del sector sindical y empresarial, con vistas a introducir eventuales modificaciones antes de que el proyecto llegue al recinto el 10 de febrero.
“Las cosas que sean razonables y que vayan hacia un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual”, afirmó Bullrich. Sin embargo, desde la CGT aclaran que, hasta el momento, no recibieron ninguna convocatoria formal y remarcan que una negociación en la que no participaron desde el inicio “empieza mal”.
Dirigentes gremiales señalaron que están dispuestos a sentarse a debatir, pero bajo condiciones claras. “El Gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar nuestras propuestas y aceptar los rechazos que tengamos. No puede ser autoritario y votar el tema a libro cerrado”, advirtieron, al tiempo que remarcaron que los trabajadores deben ser protagonistas de la discusión.
Entre los puntos que generan mayor preocupación figuran el nuevo mecanismo de cálculo de indemnizaciones, los cambios en el régimen de actividad gremial, la reducción de aportes patronales —con impacto directo en las obras sociales— y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones destinadas al sistema previsional.
Desde el entorno sindical también cuestionaron el enfoque del debate propuesto por el oficialismo, centrado en conceptos como meritocracia y “costos laborales”. “El proyecto tiene un sesgo ideológico que busca debilitar la representación gremial y destruir al sindicato”, alertaron.
Finalmente, la CGT planteó que cualquier reforma laboral debería tener como eje central la generación de empleo y la reducción de la informalidad, que actualmente alcanza al 43% de los trabajadores. “Si vamos a discutir una reforma, tiene que ser para crear trabajo. Esa debe ser la base de la discusión”, concluyeron.
