La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación este miércoles por la violencia registrada durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación. En un comunicado, el organismo recordó que "el Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación", instando a utilizar protocolos basados en un enfoque de derechos humanos en relación con el uso de la fuerza en manifestaciones.
El balance trágico de la represión policial fue alarmante: se reportaron 20 personas heridas, entre ellas una jubilada de 87 años con un traumatismo craneano; 114 detenciones, que incluyeron a un niño de 12 años y un adolescente de 14, quienes fueron liberados posteriormente; y ataques directos contra periodistas. En particular, el fotorreportero Pablo Grillo, de 35 años, sufrió heridas graves por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno y se encuentra actualmente en estado crítico. Otros profesionales de la prensa también fueron amenazados y agredidos en el ejercicio de su labor.
La represión incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, en el marco de una marcha que se lleva a cabo de manera pacífica desde 2024, en protesta por las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas. Mientras tanto, el Gobierno argentino mencionó la participación violenta de grupos de hinchas de clubes de fútbol en las manifestaciones, resultando en al menos catorce policías heridos.
La CIDH afirmó que "la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas" y que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas. En este sentido, reforzó que "el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos", utilizando la fuerza solo como último recurso.
Además, la CIDH subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo sin ser objeto de agresiones. La protección del ejercicio informativo es clave para asegurar el escrutinio público de la actuación policial.
Respecto a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de las personas detenidas, la CIDH enfatizó que el Estado debe garantizar la independencia del sistema judicial, el cual no debe ser inhibido por denuncias penales por decisiones tomadas en el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, enfatizó que la participación de algunos en actos de violencia no puede desacreditar toda la protesta ni restringir los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente. Los agentes de seguridad deben actuar de forma diferenciada, utilizando la fuerza de manera excepcional, proporcional y conforme a estándares internacionales.
Finalmente, la CIDH reconoció "la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina" y urgió al Estado a investigar de manera pronta e imparcial los excesos en el uso de la fuerza, sancionando a los responsables y promoviendo un diálogo inclusivo para atender las legítimas demandas de la población.
