Tras las rejas, el legislador provincial de Misiones recibió a su padre, una tía, y otros familiares de manera sonriente y se abrazó tras los barrotes.
Los acusados de consumir y traficar fotos y videos de abusos sexuales a niñas y niños recibieron este domingo la visita de sus familiares en la cárcel de Apóstoles, donde se encuentran detenidos luego de estar seis días prófugos.
En el lugar se encuentran 12 presos, entre los que están el diputado Kiczka y su hermano Sebastián, quien cayó este jueves en San Juan de la Sierra, a 30 kilómetros de Apóstoles, donde residía. Alguien denunció que había "un linyera deambulando".
Luego de la visita el padre de los acusados, Leonardo Kiczka al ser consultado sobre cómo se encontraba, respondió: "Mal. Aparte con todas las barbaridades que están diciendo", expresó ante los móviles de prensa.
Mientras que la mujer que lo acompañaba, tía de los acosados tiraba besos a la cámara y soltando improperios a los trabajadores de prensa.
El viernes Kiczka se negó a declarar ante el juez de Instrucción de Apóstoles, en una breve audiencia debido a que el detenido optó por guardar silencio, posiblemente a la espera del resultado del peritaje que la Dirección de Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas realizan sobre su notebook y dos celulares.
El origen del caso
La investigación contra el diputado se inició el 16 de enero pasado a partir de un correo electrónico enviado por el director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition), Tom Farrel, a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci).
En ese mensaje, Farrel detalló que el organismo se encontraba trabajando, junto al Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Imec, por sus siglas en inglés), en la operación denominada “Guardianes de la Niñez”, con el objeto de identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
En el mail, el organismo adjuntó un informe con las direcciones IP involucradas en los hechos, ubicadas en la Argentina. De esta manera, llegaron hasta el domicilio del diputado misionero y a su hermano. La pena que podría corresponderle ambos es de entre 3 y 6 años de prisión.
