La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que las deportaciones alcanzaron a personas con antecedentes penales, alertas de Interpol o situación migratoria irregular. El Ejecutivo atribuyó los resultados al refuerzo de los controles fronterizos y operativos de identificación.
El Gobierno nacional informó que expulsó a 14.000 ciudadanos extranjeros durante los últimos seis meses, en el marco de una política de control migratorio y seguridad que busca reforzar la vigilancia en fronteras y detectar situaciones irregulares dentro del territorio argentino.
El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de un video difundido en sus redes sociales, donde detalló que las personas deportadas registraban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales para ingresar al país o se encontraban en situación migratoria irregular.
“Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”, expresó la funcionaria al presentar los resultados de los operativos realizados durante el último semestre.
La cifra representa un fuerte incremento respecto de los datos difundidos a comienzos de año. En enero, la cartera de Seguridad había informado que cerca de 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados en apenas dos meses, un registro que entonces fue considerado histórico por las autoridades.
Según explicó Monteoliva, los 14.000 casos abarcan a personas con antecedentes judiciales, individuos buscados mediante alertas internacionales, ciudadanos con restricciones legales para ingresar al país y extranjeros que intentaron cruzar las fronteras sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa migratoria vigente.
La estrategia oficial no se limita únicamente a los pasos fronterizos. Durante los últimos meses, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron diversos operativos de identificación en distintos puntos del país utilizando tecnología biométrica para verificar la situación legal de las personas controladas.
Uno de los procedimientos más importantes tuvo lugar en Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí fueron identificadas 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Como resultado, se detectó a 16 ciudadanos en situación migratoria irregular, quienes fueron intimados a regularizar su condición.
Para llevar adelante estos controles, los agentes utilizaron el sistema Morpho RAPID ID y cruzaron la información obtenida con bases de datos como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Durante ese mismo operativo también se detectaron infracciones comerciales vinculadas a la venta de productos falsificados y teléfonos celulares denunciados como robados y bloqueados por el ENACOM. Como consecuencia, la Justicia Federal ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos y el secuestro de mercadería y dispositivos electrónicos.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, quien intervino en la investigación derivada del procedimiento.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la combinación de controles migratorios más estrictos, tecnología de identificación y operativos preventivos permitió alcanzar los resultados registrados durante el período.
La ministra Alejandra Monteoliva reafirmó además la postura del Gobierno respecto a la aplicación de las leyes migratorias y aseguró que quienes incumplan las normas deberán responder ante la Justicia. Mientras tanto, las autoridades anticipan que continuarán profundizando las tareas de fiscalización en fronteras, aeropuertos, puertos y distintos puntos estratégicos del país.
