La reciente decisión del Gobierno Nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) generó un fuerte impacto en Salta, donde la red vial ya venía mostrando señales de deterioro. El decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca el final de un organismo creado en 1932, encargado de planificar, mantener y fiscalizar más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales.
En Salta, esta medida afecta directamente a 189 trabajadores del Distrito 5 y deja en suspenso el mantenimiento de rutas clave como la 9, 34, 51 y 68, fundamentales para la conectividad, la actividad productiva y la vida cotidiana de la población. Desde distintos sectores políticos y gremiales advierten que la provincia podría quedar "aislada" y sin posibilidad de sostener una red de infraestructura operativa sin inversión pública.
Funcionarios advierten por el estado crítico de las rutas
El ministro de Producción salteño, Martín de los Ríos, reconoció en diálogo con Radio Nacional que “nuestras rutas troncales nacionales son un peligro”, y calificó como “muy grave” la eliminación de Vialidad. “Con Vialidad funcionando, ya eran rutas de la muerte; ahora directamente no se ve cómo van a mejorar”, sostuvo. También descartó la posibilidad de aplicar un sistema de peajes como alternativa: “La tasa de tránsito en Salta no da para amortizar ninguna inversión”.
El senador nacional Sergio “Oso” Leavy, quien venía alertando sobre la situación desde el Congreso, reiteró que la ruta 51, clave para la minería y el Corredor Bioceánico, “está destruida y nadie la repara”. Leavy también denunció un fuerte recorte presupuestario, señalando que en 2024 se presupuestaron $609.000 millones para Vialidad y sólo se ejecutaron $332.000 millones: “¿Dónde están los $300.000 millones que faltan?”, preguntó.
“No recortan el Estado, recortan la Argentina”
La medida también fue cuestionada por el exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien advirtió que “no están recortando el Estado, están recortando la Argentina”. Señaló que millones de familias dependen de rutas seguras para viajar, trabajar y acceder a servicios esenciales. “Otra vez, la motosierra se usa contra los que menos tienen”, afirmó.
Los trabajadores en pie de lucha
Desde los gremios, el rechazo fue categórico. Walter Villegas, secretario general de Utravis, afirmó que el decreto “implica avanzar hacia un modelo privatizador que volverá inviable la movilidad para los sectores populares”. Según alertó, se planea instalar peajes cada 50 o 100 kilómetros: “Para ir a Cerrillos o La Merced vas a pagar cuatro peajes. Esto es criminal”.
Verónica Verlasso, titular del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, denunció que el personal no recibe aumentos desde octubre de 2024, y que la situación laboral es crítica. “Estamos sin respuestas, con miedo, derechos vulnerados y una sensación de abandono total. Nos dejaron a la deriva”, expresó. También señaló que “los trabajadores podrían acudir a la justicia” para frenar el decreto.
Un modelo que ya fracasó
La experiencia previa de concesiones viales ya ha demostrado sus limitaciones. La ruta 9/34, que cuenta con peaje, “es un desastre”, según denunció Leavy. “El mercado no lo soluciona. Cuando el Estado se borra, lo que queda es la tragedia”, sintetizó el legislador.
Para los gremios, lo que está en juego no es solo un conflicto laboral, sino el modelo mismo de infraestructura pública como derecho social. “La lógica del mercado no puede regir la movilidad de un país. Si las rutas no se mantienen o se privatizan, el federalismo es una mentira”, dijo Verlasso.
El futuro incierto de las rutas salteñas
La desaparición de Vialidad Nacional se inscribe en un proceso más amplio de disolución de organismos clave, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Junta de Seguridad en el Transporte. En su reemplazo, el Gobierno propone una nueva Agencia de Control de Concesiones bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El miedo, la incertidumbre y el enojo crecen entre los trabajadores y la sociedad. Como recordó Leavy, “cada vez que perdemos un organismo del Estado, perdemos un derecho. Lo que quieren es un país donde el que tiene paga y el que no, se queda al costado del camino”.
