Después de que la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, le ordenó a la Argentina que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, comenzaron a surgir las inquietudes sobre los próximos pasos que dará el Gobierno. Si bien Javier Milei aseguró que apelará la medida, los fondos demandantes de YPF empezaron a manifestar sus intenciones de negociar un acuerdo.
El 15 de septiembre de 2023 la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. Ahora, la jueza le dio 14 días al Gobierno para transferir las acciones clase D a una cuenta en The Bank of New York Mellon (BNYM), como parte de pago a los denunciantes -Burford Capital y Eton Capital- por ese monto, que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
Aunque el fallo de Preska los favorece, los denunciantes buscan tender puentes con el Ejecutivo para dar por cerrado el litigio, que comenzó hace 10 años. Por eso, entre las opciones sujetas a negociación se baraja aceptar una quita sobre el monto estipulado en la sentencia o un pago a través de bonos.
Incluso, si bien Milei anticipó que apelará la decisión de Preska, los fondos saben que el tiempo corre y que así también se incrementan los costos: tal como explicó TN, la Argentina acumula casi US$3 millones por cada día sin pagar. Los intereses se actualizan a través a una tasa fija anual de 5,42%.
De acuerdo a un informe de Adcap, el Gobierno podría tomar tres caminos para resolver el juicio por YPF: cumplir el fallo y ceder el control efectivo de la petrolera; apelar y tratar de obtener una suspensión antes del plazo límite; o iniciar negociaciones directas con los acreedores.
“Sin un diálogo significativo, no hay resolución posible para estos desafíos legales, y la credibilidad del Gobierno ya se ve afectada por las demoras. Sentarse a negociar, en lugar de depender exclusivamente de recursos legales, se perfila cada vez más como la única vía viable para evitar un desenlace disruptivo", resumieron en Adcap.
“No actuar expondría al país a daños reputacionales y financieros en un momento crítico, en el que se negocia con el FMI y se busca atraer inversiones para revertir fragilidades macroeconómicas crónicas. Prolongar el litigio sin una solución negociada solo profundiza la incertidumbre y aumenta el temor a una venta apurada que erosionaría el valor de mercado de YPF”, analizaron.
