Durante más de dos décadas de gobierno chavista, primero bajo Hugo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro, el poder político otorgó un rol central a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los militares no solo asumieron funciones de defensa, sino que también ocuparon ministerios, gobernaciones, empresas estatales, organismos públicos y cargos estratégicos dentro de la administración del Estado.
Esta política implicó un fuerte crecimiento del peso de las Fuerzas Armadas en la estructura estatal. Además de los efectivos profesionales, el chavismo impulsó la creación y expansión de la Milicia Bolivariana, un cuerpo civil-militar que elevó considerablemente la cantidad de personas vinculadas a la nómina militar. El gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que la FANB y la Milicia Bolivariana suman varios millones de integrantes, una cifra que, de ser considerada en conjunto, supera ampliamente la de muchos ejércitos convencionales del mundo. Sin embargo, especialistas señalan que buena parte de esos integrantes corresponde a reservistas o milicianos con distintos niveles de preparación y disponibilidad, por lo que no pueden equipararse directamente con tropas profesionales.
El devastador terremoto que golpeó Venezuela en junio de 2026 puso a prueba esa estructura militar. En las primeras horas posteriores al desastre, numerosos testimonios de sobrevivientes, voluntarios y periodistas describieron que las tareas de búsqueda y rescate fueron encabezadas principalmente por vecinos, bomberos, Protección Civil y equipos voluntarios que comenzaron a remover escombros con herramientas improvisadas mientras esperaban la llegada de maquinaria pesada.
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Con el correr de los días, crecieron las críticas hacia la capacidad de respuesta del Estado. Diversos medios nacionales e internacionales señalaron que la movilización militar fue percibida como lenta e insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. También se cuestionó que una institución que durante años recibió enormes recursos, amplió su estructura y concentró importantes cuotas de poder político no lograra desplegar, en las primeras horas críticas, una operación de rescate acorde con la emergencia.
Mientras el gobierno anunció el despliegue de miles de militares y policías y la militarización de las zonas afectadas, muchas de las operaciones especializadas de rescate terminaron dependiendo del apoyo de brigadas internacionales provenientes de México, España, Chile y otros países, cuyos equipos aportaron perros de búsqueda, drones, ingenieros y tecnología especializada.
Al mismo tiempo, organismos internacionales y rescatistas extranjeros destacaron que gran parte de los primeros esfuerzos para salvar vidas fueron realizados por ciudadanos venezolanos y voluntarios locales que actuaron antes de la llegada de los recursos oficiales.
La tragedia reabrió un debate sobre el modelo impulsado por el chavismo: mientras el gobierno consolidó durante años una estructura militar con amplia presencia política y administrativa, la emergencia dejó expuestas las dificultades para convertir ese enorme aparato en una fuerza eficaz de protección civil capaz de responder con rapidez ante uno de los peores desastres naturales de la historia reciente del país.
Para numerosos analistas, la principal lección del terremoto no fue únicamente la magnitud del desastre, sino la diferencia entre el tamaño del aparato estatal militarizado y su capacidad real para proteger a la población en el momento en que más lo necesitaba. Las críticas sostienen que disponer de un gran número de efectivos en nómina no garantiza una respuesta eficiente si no existen entrenamiento especializado, equipamiento adecuado, planificación logística y una organización enfocada en la gestión de emergencias.
